miércoles, 30 de junio de 2010
Con la resolución de la SCJN sobre el caso Atenco, regresa “una pequeña luz de esperanza” de que el decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro quede sin efecto, afirmó Carlos Navarrete Ruiz.
ESPERANZA DE QUE EXTINCIÓN DE LYFC QUEDE SIN EFECTO: NAVARRTE RUIZ
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco, regresa “una pequeña luz de esperanza” de que el decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro quede sin efecto, afirmó Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Senado de la República.
Al clausurar el foro Análisis Jurídico del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, dijo que con dicho decreto que afecta a la industria eléctrica nacional, modifica la participación del Estado en este sector y pretende desaparecer una empresa que no es fruto del esfuerzo de los funcionarios en turno.
“La última esperanza para que en el terreno del derecho y la legalidad triunfe la causa del Sindicato Mexicano de Electricistas, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, enfatizó.
El SME es hoy, ejemplo de mantener una lucha pacífica sin hacer un entallamiento social, indicó el legislador.
Previamente, el académico Jorge Fernández Ruiz, señaló que despedir a 44 mil trabajadores sin dar garantía de audiencia, sin procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y sin que la terminación de la relación colectiva la pronunciara el tribunal competente, viola la Constitución y dicha Ley en la parte que regula los conflictos colectivos de esa naturaleza.
Al respecto, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, puntualizó que con la eliminación de LyFC, se violentan las facultades de la Cámara de Diputados, quien autorizó recursos necesarios para pagar prestaciones durante ese año. “El Ejecutivo federal vulnera las autorizaciones del Congreso al hacer uso de los recursos para otros fines”, precisó.
Por su parte, Enrique Larios, miembro del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, manifestó que se debe tomar en cuenta que en la extinción de LyFC se aplicó el factor sorpresa, el desprecio por la clase trabajadora, “porque primero fue el ataque, el despojo para los trabajadores y con posterioridad se dio el decreto”.
En tanto, Samuel Durán Perales, miembro de la barra mexicana del Colegio de Abogados AC, aseguró que el 10 de octubre de 2009, “se inició un ataque preñado de opacidad en contra del sindicato, particularmente con los trabajadores que lo integran”.
Mientras, Carlos Rodríguez Rivera, miembro de la Compañía de Jesús, puntualizó que en una carta dirigida a Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre el caso, señaló que el decreto presidencial es un acto de simulación jurídica.
Además, subrayó que existió injerencia por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la vida interna del SME.
Finalmente Gabriel Castillo Muciño, colaborador del ex presidente Adolfo López Mateos, dijo que un gobierno constituido por medios democráticos es responsable de cuidar que las instituciones que le dieron vida se conserven y perfeccionen.
